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Efectos de la declaración de bienes y derechos en el extranjero

20/11/2017

Tras la denominada amnistía fiscal que tuvo lugar en el año 2012 se aprobó la famosa declaración de bienes y derechos en el extranjero, que se presenta a través del modelo 720.

Configurada como una declaración informativa, esta obligación persigue principalmente dos objetivos: facilitar a la Administración el conocimiento de activos en el extranjero de los que son titulares los contribuyentes residentes en España y aumentar la recaudación en los impuestos directos como consecuencia de la integración de los redimientos y ganancias procedentes de dichos activos en el extranjero.

Durante los 3 primeros años desde su implantación como obligación para los contribuyentes españoles, la Agencia Tributaria ha comunicado que el volumen de los activos declarados a través del modelo 720, asciende a unos 126.500 millones de euros.

Indudablemente, la declaración de estos activos no se concreta únicamente en la presentación del modelo 720, sino que las rentas procedentes de esos activos han debido de integrarse en las correspondientes declaraciones de los contribuyentes (principalmente el IRPF) ya sea con la presentación ordinaria de las mismas o con la presentación de las declaraciones complementarias de ejercicios no prescritos.

A pesar de todos los estos avances, se estima que aún son muchos los bienes en el extranjero que se “ocultan” a la administración española, principalmente por estar ubicados en paraísos fiscales, de modo que la batalla en la lucha contra este tipo de fraude fiscal queda lejos de finalizar.

En los últimos años, escándalos mediáticos como la “Lista Falciani”, los “papeles de Panamá” o los “papeles del Paraíso” permiten a la Administración obtener información sustanciosa de contribuyentes cuya conducta ha podido quedar al descubierto para así iniciar las correspondientes actuaciones de investigación y practicar las liquidaciones tributarias que procedan.

 

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