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Así son los presupuestos: el Gobierno sube los impuestos y mete otro tajo al gasto público

28/09/2012

Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 nacen con un solo objetivo: cumplir con las exigencias de Bruselas. Es decir, lograr que el déficit público se sitúe el año próximo en el 4,5% del PIB. En torno a esta meta, el Gobierno ha construido las cuentas públicas, y para ello ha rebañado de todas las partidas. Tanto en ingresos como en gastos. Del ajuste total, el 58% va por la vía del gasto y el 42% por la de los ingresos.

Sólo se salvan las pensiones (que suben un 1% a cuenta de la inflación de 2013) y el pago del servicio de la deuda (más de 38.000 millones de euros). En el resto de epígrafes tocan recortes. Algunos de ellos de calado (inversiones o gasto corriente). Estas son las principales novedades:

Presión fiscal

El Tribunal Constitucional prohibió al Ejecutivo la creación de nuevos impuestos a través de la Ley de Presupuestos. Y lo que ha hecho Hacienda es modificar algunas figuras tributarias.

La más novedosa se refiere a la implantación de un gravamen del 20% a todos los premios de lotería. Ya sean organizados por el Estado o por las comunidades autónomas. Este gravamen se aplicará, incluso, a los premios entregados por la ONCE o Cruz Roja. La Agencia Tributaria espera recaudar por este medio 824 millones de euros. A parte del efecto sobre la recaudación, la retención del 25% servirá para controlar fiscalmente a los premiados, toda vez que la compra de billetes premiado se había convertido en un instrumento de elusión fiscal.

Igualmente, las ganancias patrimoniales obtenidas en plazos inferiores a un año (las plusvalías) tributarán al tipo marginal del impuesto. O lo que es lo mismo, las operaciones más especulativas podrán pagar hasta un 52% al sumarse las ganancias a la base imponible general del impuesto. Pese a la espectacularidad de la medida –criticada en los mercados- Hacienda espera recaudar por este motivo apenas 90 millones de euros.

En Sociedades, el Gobierno permitirá en 2013 la actualización de balance para adecuarlos a la evolución de los precios. La actualización tendrá carácter voluntario y estará sometida a una carga fiscal del 5%. Abarcará al inmovilizado material y a los arrendamientos financieros. El fisco espera obtener por este procedimiento 300 millones de euros.

Igualmente, Hacienda introduce de forma temporal durante los años 2013 y 2014 la limitación de la deducibilidad fiscal de las amortizaciones del inmovilizado material realizado por las grandes empresas. La limitación será de un 70% del máximo previsto en las tablas de amortización. Pymes y microempresas podrán seguir amortizando normalmente. La Agencia Tributaria espera recaudar 2.371 millones.
El Gobierno, igualmente, y como era conocido, prorrogará durante 2013 el renacido impuesto sobre el patrimonio (700 millones), mientras que ingresará 90 millones adicionales por el fin de la reducción por compra de vivienda habitual nueva.

En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Gobierno habilita a los ayuntamientos a gravar el patrimonio histórico artístico afecto a actividades económicas. Algunos alcaldes habían ya anunciado su intención de hacerlo, pero no tenían el amparo legal.

Pensiones

El Gobierno anunció ayer una medida que estaba cantada habida cuenta de las dificultades financieras de la Seguridad Social por la caída del empleo. Por primera vez, el Gobierno tirará del Fondo de Reserva (69.252 millones de euros) para pagar las pensiones. Serán 3.063 millones de euros, el límite que permite la ley sacar de una vez en un solo ejercicio.

Con esta medida, el problema se traslada al Tesoro Público, toda vez que casi el 90% del Fondo de Reserva está invertido en deuda del Estado. Economía tendrá que suplir esta salida con nuevas emisiones. Igualmente, el Gobierno dio marcha atrás en su intención de rebajar un puntos las cotizaciones sociales en 2013, que hubiera tenido un coste de algo más de 1.000 millones de euros.

En paralelo, el Gobierno confirmó ayer que culmina la separación de fuentes entre la Seguridad Social y el Estado. O lo que es lo mismo, aportará 15.554 millones de euros que servirán para financiar prestaciones que deben pagarse con impuestos y no con cotizaciones sociales. En particular las pensiones no contributivas.

De la misma manera, se confirma que las pensiones públicas subirán el año próximo un 1% a cuenta de lo que crezcan los precios en 2013. Posteriormente, cuando se conozca lainflación, se compensará en caso de desviación. El presupuesto de la Seguridad Social se estima en 121.557 millones de euros.

Deuda pública

La partida estrella de los PGE 2013 es la deuda pública que, de largo, se convierte en la de mayor cuantía. El Estado -sin contar el resto de administraciones- se gastará en el servicio de la deuda el 3,8% del PIB. O lo que es igual, 38.590 millones de euros, lo que significa un increíble aumento del 34% en un año. Pero si se suman los gastos financieros de las CCAA y los ayuntamientos, el pago de intereses no bajará de los 45.000 millones de euros. Ya el año pasado, las AAPP destinaron a este fin 34.646 millones de euros.

El crecimiento de los intereses no tiene apenas que ver con el aumento de la prima de riesgo, sino con el elevado déficit previsto (un 4,5% del PIB) y las nuevas necesidades de endeudamiento derivadas del coste de la reforma financiera. Como consecuencia de ello, el endeudamiento público superará el año próximo ampliamente el 80% del PIB.

Gasto público

Pese a los ajustes, el documento que salió ayer del Consejo de Ministros prevé un aumento del 5,6% en los gastos del Estado (169.775 millones). Ahora bien, la cifra está sesgada al alza por el impacto del pago de intereses y de las mayores aportaciones a la Seguridad Social.

Si se excluyen estas partidas, los gastos del Estado decrecen un 7,3%, que asciende al -8,9% en el caso del dinero de los ministerios. Por primera vez en muchos años, el gasto baja de los 40.000 millones. En todo caso, el Estado tendrá para gastar 169.775 millones incluyendo todos los capítulos.

Subvenciones a sindicatos y empresarios

Nueva vuelta de tuerza a las subvenciones que concede el Estado a las centrales sindicales y las organizaciones empresariales. Esta partida cae, en concreto, un 20% adicional. Quiere decir esto que entre 2011 y 2012 el descenso suma ya un 40%. Igualmente, las partidas destinadas a la financiación de los partidos políticos cae otro 20%, por lo que en dos años el descenso es ya del 42%.

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